Trabajadores de Seguridad Privada, denunciaron que desde la cartera que dirige Mónica Risotto y que depende del Ministerio de Trabajo, se “mandó a reprimir a un grupo aproximado de 200 trabajadores de seguridad privada que se manifestaban ayer en la sede de Callao al 100, a metros del Congreso de la Nación, en reclamo por paritarias y elecciones en su gremio”.
Según se informó, tras una reunión fallida en el interior del edificio con funcionarios de la dependencia, los representantes de los trabajadores fueron sacados a los empujones en medio de golpes, insultos y amenazas con armas de fuego por parte de los funcionarios públicos.
Según denunciaron los trabajadores, UPSRA “no se realizan elecciones desde hace 11 años, hay 200.000 trabajadores debajo de la línea de la pobreza y sin cobertura de salud gracias a las intervenciones del estado que profundizaron las malversaciones de fondos de gestiones pasadas”.
Sobre los repudiables hechos de represión, la Agrupación 9 de Julio que dirige el moyanista Christian López y opositor al oficialismo de Ángel García, quien se resiste a convocar elecciones ante la mirada impávida de las autoridades del Ministerio, expresó en un comunicado que “parece mentira que una entidad del Gobierno que debe cuidar y proteger a los trabajadores, de como única respuesta ante los requerimientos de los compañeros, amenazas con armas de fuego, empujones e insultos” declaró la agrupación del dirigente nacional de la seguridad privada quien viene solicitando al Estado la normalización de UPSRA.
“Con esta actitud del Ministerio de Trabajo confirmamos todas nuestras sospechas: hay funcionarios que tienen grandes intereses por que nuestro gremio no se normalice”, agregaron.
En este marco anticiparon que se realizarán “denuncias penales y por incumplimiento de funcionario público contra todos los que nos están negando nuestro derecho de votar libremente a nuestros representantes y nos declaramos en estado máximo de alerta y movilización, anunciando que procederemos a redoblar las medidas de fuerza en empresas y dependencias del estado responsables por la desidia de más de 200.000 trabajadores de seguridad privada”.
