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En medio del conflicto con la UTA, el Gobierno no aplicaría en mayo el ajuste por inflación en las tarifas del transporte público

La última actualización tarifaria en el transporte público fue en febrero.

En medio del conflicto entre las cámaras empresarias del transporte y el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) por el pago de los salarios a los choferes de colectivos, el Gobierno estudia no aplicar, en mayo, el ajuste por inflación en las tarifas del transporte público.

La decisión de mantener el congelamiento de tarifas en trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante mayo, implicaría una mayor erogación del Estado en subsidios para garantizar el normal funcionamiento del servicio y evitar un paro o una nueva “retención de tareas” como la del pasado jueves 11.

Desde el Ejecutivo le anticiparon al diario Clarín que “en principio no hay ajuste previsto para mayo”, desestimando la ejecución del artículo 3 de la Resolución 5/2024 de la Secretaría de Transporte, que prevé que los valores tarifarios podrán ser ajustados bimestralmente o por un período mayor, por medio de acto administrativo expreso del área que conduce Franco Mogetta. El texto oficial establece que la actualización puede ser como máximo equivalente a la inflación del mes previo al que se dispone el aumento.

La última suba del boleto se llevó a cabo en febrero y ubicó el pasaje mínimo en $270 para los colectivos y $130 para trenes. Con el aporte estatal fijado actualmente en $354, las empresas de colectivos reciben por cada viaje del menor recorrido $624. El Ejecutivo sostiene que con ese monto se pueden pagar los salarios de $737.000 y no de $987.000 que reclaman los choferes.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), calculó que en marzo el costo real de un pasaje de colectivos se ubicó en $1.198, por lo que aseguran que pierden $574 por boleto, es decir $92.912,24 millones por mes, que se reflejan en una “pérdida de calidad del servicio, frecuencias, seguridad y renovación de unidades”.

De esta manera, en caso de que el Gobierno confirme la continuidad de los actuales valores, deberá incrementar el aporte de los subsidios para evitar que el conflicto entre el gremio y los empresarios siga escalando, derivando en nuevas interrupciones del servicio.

En los primeros 100 días del año, el Estado nacional pagó subsidios por unos $190.902,25 millones a colectivos que circulan en el AMBA, canalizados a través del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), según reflejan los datos de Presupuesto Abierto.

En tanto que las transferencias a Trenes Argentinos sumaron otros $132.877,44 millones, por lo que la contracción de los subsidios en términos reales, descontado el efecto de la inflación, se acerca al 60% interanual.

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