Intendentes de todo el territorio de la República Argentina manifiestan su rechazo a la notificación a los gobernadores cursada por Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, y las expresiones allí contenidas. Los jefes comunales cuestionaron el pedido que el ministro de Economía les hizo a las provincias para que intervengan por el cobro de impuestos locales cuyo “valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio”
Los intendentes coincidieron en que “dichas acciones desconocen la Constitución Nacional
en lo que respecta a las facultades que, según esta, poseen los gobiernos nacionales, provinciales y
municipales”.
Además, las tasas permiten que se lleven adelante obras de pavimentación, mejoras del espacio público y servicios que mejoran la calidad de vida de los vecinos, que ya no reciben desde Nación inversiones y tampoco concluyen con las obras públicas comprometidas. Quitar las tasas “implica lisa y llanamente condenar a las vecinas y vecinos de cada ciudad a un deterioro significativo en los servicios esenciales y áreas fundamentales para el bienestar de la comunidad”, se alertó
“Intendentes en ejercicio de sus funciones comunales, elegidos democráticamente por cada uno de
nuestros pueblos, rechazamos la notificación y expresiones carentes de contenido republicano y sentido
federal vertidas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en relación con las tasas municipales”, inició el escrito presentado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
Y agregó que: “Asombra el profundo desconocimiento de la Constitución Nacional que evidencian esas afirmaciones. El ministro Caputo no debería desconocer que es un principio básico constitucional garantizar el
funcionamiento autónomo del régimen municipal (art. 5 y 123 de nuestra Constitución) y que los
municipios constituyen la célula básica de la sociedad de convivencia democrática en un sistema
republicano y federal”.
Del mismo modo, se sumó: “el ministro tiene a su disposición todos los elementos que le brinda su cargo para
saber que la totalidad de los Municipios argentinos cuentan, en conjunto, con no más del insuficiente 5%
de los recursos públicos totales y que con ese monto ejercen importantísimas funciones en procura del
bienestar de sus vecinos, asumiendo cada vez más responsabilidades por las crecientes demandas
ciudadanas que llegan siempre al primer escalón de la democracia, que eso son los gobiernos locales”.
Y se denunció que “eliminar las potestades tributarias municipales, como pretende Caputo, implica lisa y llanamente condenar a las vecinas y vecinos de cada ciudad a un deterioro significativo en los servicios esenciales y áreas fundamentales para el bienestar de la comunidad”
Por lo que se detalló:
- Educación: sin los recursos necesarios, no sólo las escuelas públicas sufrirían recortes que limitarían
el acceso a una formación adecuada para las futuras generaciones, sino también los centros
universitarios, que quedarían desfinanciados, dificultando el acceso a la educación superior. - Seguridad: la falta de fondos impactaría directamente en inversiones clave como la adquisición y
mantenimiento de patrulleros, cámaras de vigilancia, alarmas vecinales, paradas seguras, puntos
seguros, centros de monitoreo y lectoras de patentes videovigiladas. Esto limitaría la capacidad de los
Municipios de acompañar a las provincias en materia de prevención para garantizar una respuesta
rápida ante emergencias y mantener la tranquilidad de las vecinas y vecinos. - La asistencia social también se vería gravemente afectada. Los comedores, esenciales para niñas,
niños y jóvenes golpeados por el ajuste nacional, quedarían desfinanciados, agravando la situación de
familias vulnerables. Además, la asistencia a jubilados, incluidos los medicamentos que ya les fueron
recortados, sufriría un grave deterioro. Hoy los gobiernos locales y provinciales estamos suplantando al
gobierno nacional en su responsabilidad de que no le falta un medicamento a ningún jubilado - Salud: la falta de recursos afectaría el funcionamiento de los centros de atención primaria, la
provisión de insumos médicos esenciales y el acceso a programas de prevención y promoción de la
salud. - Producción local: los Municipios perderían la capacidad de apoyar a emprendedores, PyMEs,
comerciantes y pequeños productores, capacitaciones, cursos y ferias. Además, se limitarían
inversiones clave en Escuelas de Oficios e infraestructura, como Parques Industriales y caminos rurales,
perjudicando la generación de empleo y el desarrollo económico local. Esto aumentaría la
desocupación, la desigualdad y frenaría el crecimiento sostenible de las comunidades. - Obra pública: la pavimentación y el mantenimiento de los espacios públicos se paralizarían, dejando
a las ciudades en un estado de abandono. - Ambiente: afectaría la implementación de políticas ambientales clave, como la gestión de residuos,
el reciclaje, y la protección de los espacios verdes y la biodiversidad.
“En definitiva, eliminar las potestades tributarias municipales significa condenar a las y los vecinos de
cada ciudad a una grave pérdida en la calidad de los servicios esenciales, poniendo en riesgo derechos
humanos fundamentales y el bienestar integral de las comunidades”, se analizó.
