La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra, con el respaldo de bloques aliados al oficialismo y el rechazo del peronismo, la izquierda y otros espacios provinciales. Ahora el debate pasará al Senado.
El proyecto, impulsado por el Gobierno, propone reformar el régimen vigente —heredado de la dictadura— y establecer un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes. Contempla un abanico de sanciones que van desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves. Si bien excluye la prisión perpetua y establece que los menores no deberán compartir espacios con adultos, la iniciativa abre un fuerte interrogante sobre el impacto real de endurecer el sistema penal en edades más tempranas.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca “resocializar” y ordenar un sistema que consideran obsoleto. Sin embargo, distintos sectores cuestionan que la baja de la edad de imputabilidad se presenta como una respuesta rápida a un problema complejo, sin garantizar previamente políticas integrales de prevención, inclusión y fortalecimiento social.
Uno de los puntos más discutidos fue el financiamiento. La propuesta del Ejecutivo se apoya en la firma de convenios entre Nación y provincias para la implementación del régimen, lo que generó críticas de legisladores que advirtieron que el costo operativo podría recaer principalmente en las administraciones provinciales, sin un esquema claro y obligatorio de financiamiento nacional.
El texto establece que en delitos con penas menores a tres años no habrá prisión, y que en casos con penas de entre tres y diez años —cuando no haya muerte o lesiones graves— se priorizarán sanciones alternativas con enfoque social y educativo. No obstante, voces opositoras remarcaron que, en la práctica, el sistema penal suele impactar con mayor dureza en jóvenes de sectores vulnerables.
Durante el debate, se advirtió que modificar la edad en el Código Penal no resolverá por sí solo los problemas de inseguridad ni el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. También se cuestionó que la iniciativa puede ampliar facultades de intervención policial sobre adolescentes en barrios populares, en un contexto de ajuste presupuestario en áreas sociales.
Así, mientras el oficialismo presenta la reforma como una modernización necesaria, la discusión de fondo gira en torno a si se trata de una política eficaz de seguridad o de una medida con fuerte contenido simbólico, orientada más a enviar un mensaje punitivo que a abordar las causas estructurales del delito juvenil.
