Desde el Sindicato unido de docentes de la universidad de Hurlingham ( SUDHUR) se presentó un “contador de incumplimiento” para denunciar públicamente el retraso del Gobierno nacional en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y visibilizar el impacto que esta situación genera en el sistema de educación superior.
La iniciativa busca mostrar de manera permanente cuánto tiempo lleva sin cumplirse la normativa que establece mecanismos de actualización presupuestaria y recomposición salarial para docentes y trabajadores universitarios. Desde la institución señalaron que el objetivo es evidenciar el deterioro que atraviesan las universidades públicas ante la falta de ejecución de los recursos previstos por la ley.
La medida se inscribe en un contexto de creciente conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional, luego de meses de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la falta de actualización del presupuesto destinado a las casas de estudio.
La cronología del conflicto
El reclamo del sistema universitario se profundizó durante el último año, cuando rectores, docentes y trabajadores comenzaron a advertir sobre el fuerte deterioro salarial y el atraso presupuestario frente a la inflación.
La sanción de la Ley de Financiamiento Universitario buscó establecer mecanismos para garantizar recursos que permitieran sostener el funcionamiento de las universidades públicas y recomponer los ingresos de docentes y no docentes. Sin embargo, desde distintos sectores académicos sostienen que el Gobierno nacional no está cumpliendo con lo establecido por la norma.
Ante esta situación, universidades de todo el país impulsaron movilizaciones, paros docentes y jornadas de visibilización para exigir la aplicación plena de la ley.
Salarios en caída y crisis presupuestaria
Uno de los puntos más críticos del conflicto es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios. Docentes e investigadores aseguran que sus ingresos registran una caída significativa frente al aumento del costo de vida, lo que genera dificultades para sostener la actividad académica y científica.
Además del impacto en los trabajadores, las universidades advierten sobre problemas crecientes para afrontar gastos básicos de funcionamiento, como servicios, mantenimiento de edificios, becas estudiantiles y programas de investigación.
Una herramienta para visibilizar el reclamo
El contador presentado por la Universidad Nacional de Hurlingham busca transformar ese reclamo en una herramienta pública de seguimiento, señalando el tiempo transcurrido sin que se cumpla la ley.
Desde la institución remarcaron que el objetivo es alertar a la sociedad sobre el riesgo que implica el desfinanciamiento del sistema universitario y reclamar que el Gobierno nacional garantice los recursos necesarios para sostener la educación pública.
Autoridades universitarias, docentes y estudiantes coincidieron en que el cumplimiento de la ley resulta urgente para evitar un mayor deterioro del sistema y frenar lo que consideran un proceso de vaciamiento de las universidades públicas.
