El Gobierno nacional habilitó a nueve provincias a gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, en el marco de una medida orientada a descentralizar la administración de la infraestructura vial.
A partir de esta decisión, las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes, a través de empresas privadas, mixtas o entes públicos.
Las provincias alcanzadas por la medida son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
La disposición fue formalizada a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se establece que la delegación de facultades será de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”.
El texto aclara que el Estado nacional conservará la propiedad de las rutas, por lo que no se transferirá la titularidad ni la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados.
Además, se fija que los contratos de concesión no podrán superar los 30 años desde su aprobación.
Para avanzar con el esquema, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos a intervenir y los planes de obras correspondientes.
Según lo establecido, los procesos deberán garantizar criterios de transparencia, competencia, publicidad y razonabilidad tarifaria, junto con el equilibrio económico-financiero de los contratos.
El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento.
En tanto, se establece que si una provincia no convoca a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, la delegación quedará sin efecto para ese tramo.
