La crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales volvió a encender el conflicto con el Gobierno nacional. En medio del deterioro salarial, el congelamiento de becas y la paralización de obras e inversiones, desde el sector universitario denunciaron que el Ejecutivo lleva “más de seis meses de incumplimiento” de la Ley de Financiamiento Universitario y ratificaron nuevas medidas de protesta.
En declaraciones al programa Todo es Política, Leonardo Motillo docente y secretario general del sindicato unido de docentes de la Universidad Nacional de Hurlingham, cuestionó con dureza la postura oficial y la difusión del comunicado del gobierno en que se exigió a los rectores un “plan de contingencia” para recuperar las clases perdidas.
Y sostuvo que “parar no es un delito, no cumplir la ley sí lo es”, en referencia a los cuestionamientos del Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, hacia las medidas de fuerza impulsadas por docentes y trabajadores universitarios.
“El trabajador docente defiende el derecho de los estudiantes y el Ministerio de Capital Humano, con su comunicado, intenta instalar otra cosa”, afirmó. Además, remarcó que en lugar de exigir explicaciones a las universidades, “el Gobierno debe cumplir la ley, mejorar los salarios y actualizar las becas que están congeladas”.
Motillo señaló que la normativa aprobada establece múltiples obligaciones que hoy no están siendo garantizadas. “Hay muchos puntos que la ley tiene que asegurar y el Gobierno no está cumpliendo”, sostuvo.
En ese marco, confirmó la convocatoria a una nueva movilización nacional para el próximo 12 de mayo. “La lucha es en unidad. Nos convocamos para defender la universidad pública y todo lo que el Gobierno intenta llevarse adelante”, expresó.
También destacó el valor social de las universidades públicas y recordó las masivas marchas realizadas en 2024 y 2025. “La universidad es una de las cosas que funciona bien en nuestro país y ya la defendió el pueblo en años anteriores. Este año la volvemos a defender porque nuestros alumnos y trabajadores transforman su vida y apuestan al futuro con su paso por la universidad”, afirmó.
Según explicó, el conflicto no se limita únicamente a los salarios docentes. “Defendemos salario, becas, líneas de investigación y el futuro del país. El pueblo lo sabe”, aseguró, al tiempo que adelantó que continuarán las acciones de visibilización y protesta.
La situación también impacta de manera directa en universidades del conurbano bonaerense, como la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). Motillo detalló que varias obras y proyectos fundamentales quedaron frenados por la falta de financiamiento nacional.
Entre ellos mencionó la construcción de una biblioteca destinada a más de 40 mil estudiantes de distintas carreras e institutos. “Había cuatro expedientes licitados que podían arrancar y hoy están demorados”, explicó.
Además, señaló que el parque deportivo vinculado a la carrera de Educación Física solo podrá avanzar gracias al aporte de la Provincia de Buenos Aires. “Ese espacio se va a poder inaugurar con los recursos que pone la Provincia en su compromiso con las universidades”, remarcó.
La paralización de proyectos no solo afecta la infraestructura, sino también la formación académica. “Hay estudiantes que no pueden hacer prácticas en esos espacios y pierden la experiencia del trabajo de campo”, advirtió.
Mientras el Gobierno nacional insiste con su política de ajuste y pone bajo sospecha a las universidades públicas, desde la comunidad educativa responden que el verdadero problema no son las protestas, sino el incumplimiento de una ley votada dos veces por el Congreso para garantizar el funcionamiento del sistema universitario. En un contexto de salarios pulverizados, becas congeladas y obras paralizadas, el conflicto promete profundizarse y volver a poner en las calles el reclamo por el derecho a la educación pública.
