La reglamentación de la reforma laboral incorporó cambios en el formato de los recibos de sueldo con el objetivo de brindar mayor transparencia sobre los costos laborales y las retenciones que se aplican a los salarios de los trabajadores.
Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el nuevo esquema permitirá visualizar de manera más clara la diferencia entre el costo laboral total que afronta el empleador y el monto que finalmente percibe el trabajador como salario de bolsillo.
La modificación propone una “lectura en cascada” que detallará cada uno de los conceptos involucrados en la liquidación salarial, incluyendo aportes, contribuciones y descuentos. De esta manera, los empleados podrán conocer con precisión el destino de cada retención aplicada a sus haberes.
“Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible”, señaló el funcionario al referirse al nuevo diseño del recibo.
El formato estará dividido en tres secciones diferenciadas. En la primera se informarán todas las contribuciones que realiza el empleador, independientemente de su destino. Allí se incluirán los montos destinados a organismos de la seguridad social, sindicatos, federaciones y otros entes vinculados al sistema laboral.
La segunda sección conservará el esquema tradicional, detallando el salario bruto y los descuentos correspondientes hasta llegar al sueldo neto que recibe el trabajador.
Por último, el tercer apartado incorporará una representación gráfica de la denominada “cuña fiscal y sindical”, con el fin de mostrar de manera visual cuánto dinero se recauda por encima del salario neto y cuál es el destino de esos recursos.
De acuerdo con Sturzenegger, la iniciativa busca que los trabajadores tengan una comprensión más completa sobre la estructura de costos laborales y el funcionamiento del sistema de aportes y contribuciones que interviene en la relación laboral.
La medida forma parte de los cambios impulsados en el marco de la reforma laboral y apunta a fortalecer el acceso a la información sobre la composición de los salarios y las obligaciones asociadas al empleo formal.
