El Gobierno nacional y las universidades públicas se encuentran cerca de cerrar un acuerdo que contempla mejoras salariales para docentes y no docentes, además de una actualización de partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, el reclamo judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario continúa en la Corte Suprema.
Según trascendió de las negociaciones, la propuesta oficial incluye un aumento salarial acumulado del 24%, distribuido en dos tramos: un 21,3% a partir de junio y un 3% adicional en septiembre. El primer incremento impactaría también en el cálculo del aguinaldo correspondiente al primer semestre.
El entendimiento, que aún debe formalizarse, prevé además una actualización del 20% en los fondos destinados a gastos de funcionamiento. Dentro de ese esquema se contemplan recursos adicionales para los hospitales universitarios, que arrastran deudas acumuladas durante el año.
Otro de los puntos incluidos en la propuesta es un incremento del 50% en las Becas Belgrano, beneficio destinado a estudiantes de carreras consideradas estratégicas y cuyo monto permanece sin modificaciones desde hace más de dos años.
Paritarias trimestrales
Las partes también avanzan en un mecanismo de negociación salarial periódica. La iniciativa contempla la apertura inmediata de una nueva mesa paritaria y la realización de revisiones al menos cada tres meses, tomando la inflación como referencia mínima para futuras actualizaciones.
Fuentes vinculadas a las conversaciones señalaron que el Ejecutivo habría desistido de una condición que había generado rechazo entre los rectores: retirar la demanda judicial presentada por las universidades a cambio de otorgar mejoras presupuestarias.
La causa sigue en la Corte
A pesar del acercamiento, las universidades mantienen su reclamo ante la Corte Suprema para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025.
Esa norma establecía la recuperación del poder adquisitivo de salarios y presupuestos universitarios, tomando como referencia la inflación acumulada desde noviembre de 2023, además de fijar paritarias con actualización vinculada al índice de precios.
Desde el sector universitario sostienen que los salarios perdieron alrededor de un 35% de poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión y advierten que, sin medidas adicionales, la caída podría alcanzar el 45% hacia fines de año.
El debate por el costo fiscal
La discusión también involucra el impacto sobre las cuentas públicas. Distintas estimaciones ubican el costo de aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario en torno al 0,2% del Producto Bruto Interno durante 2026.
Mientras tanto, cada mes de demora en la implementación representa un alivio para las finanzas nacionales, en un contexto marcado por la búsqueda oficial de sostener el equilibrio fiscal frente a la caída de la recaudación y el peso de los compromisos de deuda.
Aunque el posible acuerdo podría mejorar la situación salarial y presupuestaria en el corto plazo, la resolución definitiva del conflicto dependerá de la decisión que adopte la Corte Suprema sobre el cumplimiento de la ley vigente.
