La norma fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados bonaerense y extiende el régimen previsional especial a excombatientes que habían quedado excluidos. También incorpora restricciones para impedir el acceso al beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad y militares sancionados por incumplimientos durante la guerra.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que amplía el Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas, incorporando a más de 400 veteranos que habían quedado fuera del sistema jubilatorio especial.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 66 votos afirmativos y ningún rechazo, y alcanza a excombatientes que solicitaron la baja o el retiro entre 1983 y 1985 debido a las secuelas físicas o psicológicas derivadas de la guerra de 1982. También contempla a quienes no pudieron continuar su carrera militar ni fueron reubicados en organismos del Estado provincial.
La nueva legislación establece que el haber previsional será equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la administración pública bonaerense, incluyendo la totalidad de los subsidios mensuales vigentes. Para acceder al beneficio, los veteranos deberán acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS).
Durante el tratamiento legislativo se incorporaron modificaciones para excluir del régimen a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y a militares sancionados por incumplimientos durante el conflicto bélico.
El proyecto había sido impulsado por los senadores de Unión por la Patria María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, quienes obtuvieron la media sanción en el Senado durante el año pasado. Tras observaciones realizadas por organizaciones de excombatientes, la iniciativa regresó a la Cámara alta para introducir cambios que finalmente fueron ratificados este lunes por Diputados.
Desde La Libertad Avanza, que acompañó la iniciativa, calificaron la medida como una “reparación histórica”. En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Juanes Osaba, sostuvo que el reconocimiento “es una reparación histórica que trasciende a los espacios políticos y honra el sacrificio realizado por los excombatientes”.
La versión original del proyecto había recibido cuestionamientos por parte del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que advirtió sobre la posibilidad de que represores de la última dictadura pudieran acceder al beneficio. Esas objeciones motivaron la incorporación de las cláusulas que impiden el acceso a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o sancionados por incumplimientos durante la guerra.
