El Gobierno nacional intentará esta semana conseguir en el Senado la aprobación del proyecto de Ley de Propiedad Privada, una iniciativa que elimina buena parte de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y que ya genera fuertes cuestionamientos de la oposición, organizaciones rurales y especialistas en recursos estratégicos.
La propuesta forma parte del paquete económico impulsado por la administración de Javier Milei y es presentada por el oficialismo como una herramienta para atraer inversiones. Sin embargo, sus detractores advierten que implica un nuevo avance en la cesión del control sobre el territorio nacional y los recursos naturales.
El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal adquieran tierras sin autorización, pero flexibiliza el régimen para los privados y elimina trabas que habían sido incorporadas en los últimos años con el objetivo de limitar la concentración de tierras en manos extranjeras.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de diversas restricciones para la adquisición de inmuebles rurales, una medida que para el Gobierno permitirá incentivar inversiones, mientras que para los sectores críticos representa un retroceso en materia de protección de la soberanía territorial.
La iniciativa se debatirá en una sesión donde La Libertad Avanza llegará con un número ajustado de votos y buscará el respaldo de sus aliados para lograr la aprobación.
El Súper RIGI, otro eje de la polémica
En paralelo, el Senado comenzará a debatir el denominado Súper RIGI, un régimen especial que ofrece amplios beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de más de 1.000 millones de dólares vinculados a sectores como el litio, el uranio, la inteligencia artificial, la producción de baterías, el hidrógeno verde y los semiconductores.
Desde el Gobierno sostienen que el esquema permitirá captar inversiones que hoy eligen otros mercados. Sin embargo, distintos sectores de la oposición cuestionan que el régimen profundiza un modelo basado en fuertes exenciones impositivas y amplias garantías para grandes empresas, sin asegurar un impacto equivalente en la generación de empleo, el desarrollo industrial o el agregado de valor en el país.
La combinación entre la flexibilización para la compra de tierras rurales y los beneficios extraordinarios previstos en el Súper RIGI volvió a instalar el debate sobre el modelo de desarrollo impulsado por la Casa Rosada.
Mientras el oficialismo habla de “seguridad jurídica” para atraer capitales, las voces críticas advierten que las iniciativas consolidan un proceso de extranjerización de activos estratégicos y una creciente pérdida de capacidad del Estado para decidir sobre recursos considerados clave para el futuro de la Argentina.
