El sobreendeudamiento de las familias volvió a encender las alarmas en el Congreso. Más de seis millones de argentinos tienen deudas con billeteras virtuales con una mora de 90 días o más, mientras crecen los niveles de incumplimiento y las tasas que cobran las plataformas pueden alcanzar cifras exorbitantes.
Frente a este escenario, diputados de distintos bloques de la oposición presentaron proyectos para regular el funcionamiento del crédito digital, limitar prácticas consideradas abusivas y establecer mecanismos de protección para quienes quedaron atrapados en una cadena de deudas.
El fenómeno se da en un contexto económico en el que cada vez más hogares recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos. Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir alimentos, medicamentos, servicios o consumos básicos, las aplicaciones financieras aparecen como una salida rápida, pero pueden convertirse en una trampa cuando las tasas y los costos se acumulan.
Según el Informe sobre Bancos del Banco Central correspondiente a mayo de 2026, la mora de las familias llegó al 12,8% en el sistema bancario. La situación es todavía más delicada entre los proveedores de crédito no bancarios, donde la irregularidad alcanzó el 28,7%, de acuerdo con datos de EcoGo.
Dentro de ese segmento, la mora en préstamos personales llegó al 34,1%, mientras que en tarjetas de crédito alcanzó el 19,4%.
Créditos en un clic y tasas que pueden llegar al 700%
Uno de los proyectos fue presentado por el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano y apunta a regular el crédito impulsivo ofrecido a través de aplicaciones y billeteras virtuales.
La iniciativa plantea que bancos y fintech deban evaluar la situación económica integral de cada usuario antes de otorgar nuevos préstamos, con el objetivo de evitar que una persona pueda acumular deudas simultáneamente en distintas plataformas sin que ninguna de ellas considere su nivel real de endeudamiento.
El proyecto también contempla un mecanismo de rehabilitación financiera para quienes atraviesan situaciones de insolvencia estructural.
La propuesta permitiría establecer planes de pago acordes con los ingresos reales de los deudores, revisar intereses, cargos y penalidades y suspender temporalmente ejecuciones que puedan poner en riesgo bienes esenciales o la subsistencia de las familias.
Además, incorpora una denominada “segunda oportunidad”: quienes actúen de buena fe y cumplan sustancialmente con el plan acordado podrían acceder a la extinción total o parcial de las deudas restantes.
Juliano cuestionó especialmente las estrategias utilizadas por algunas plataformas para incentivar el endeudamiento.
“Las billeteras virtuales deben cumplir los mismos protocolos que las tarjetas bancarias”, sostuvo, y advirtió que los usuarios reciben permanentemente ofertas de crédito y que, en algunos casos, los intereses pueden ubicarse “entre el 100% y el 700%”.
El diputado también denunció un mecanismo que puede transformar el endeudamiento en un círculo difícil de romper: ofrecer un nuevo préstamo para cancelar uno anterior.
“Le ofrecen crédito a la misma persona endeudada para pagar el crédito tomado con anterioridad, generando un bucle, una situación infinita”, afirmó.
Cuando la deuda deja de ser un problema individual
El legislador planteó además que el sobreendeudamiento masivo no puede ser tratado únicamente como una cuestión entre particulares.
“Una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida”, señaló.
Y agregó: “Cuando millones de personas necesitan endeudarse para comer, para curarse o para llegar a fin de mes, y al mismo tiempo crecen la mora y los niveles de incumplimiento, estamos frente a un problema económico y social de carácter sistémico”.
La advertencia pone el foco en una de las consecuencias menos visibles del deterioro de los ingresos: el crédito deja de utilizarse para financiar consumos extraordinarios y comienza a funcionar como una herramienta para cubrir necesidades básicas.
También buscan proteger a quienes cobran prestaciones sociales
En paralelo, 27 diputados del peronismo federal, encabezados por Victoria Tolosa Paz, presentaron otra iniciativa destinada especialmente a proteger a beneficiarios de prestaciones sociales de ANSES frente a prácticas de financiamiento consideradas abusivas.
El proyecto advierte que algunas plataformas aprovechan la regularidad de los ingresos estatales para ofrecer créditos a personas en situación de vulnerabilidad, con Costos Financieros Totales que pueden superar el 700%.
La iniciativa propone que la estabilidad de esos ingresos sea considerada al momento de evaluar la capacidad de pago y el riesgo crediticio, en lugar de convertirse en un factor que encarezca automáticamente el financiamiento.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a los algoritmos utilizados por bancos y fintech para decidir quién accede a un préstamo y bajo qué condiciones.
El proyecto busca impedir que variables vinculadas con la situación socioeconómica, la informalidad laboral o el carácter asistencial de los ingresos sean utilizadas automáticamente para empeorar las condiciones del crédito.
“Nos preocupa especialmente que el algoritmo termine convirtiendo la vulnerabilidad social en una variable que encarece el crédito”, explicó Tolosa Paz.
Buscan poner un techo a las tasas
Entre las medidas propuestas aparece también un límite a la tasa de interés compensatorio. El proyecto establece como referencia el promedio de las tasas para préstamos personales publicado por el Banco Central y plantea que ese límite no pueda ser esquivado mediante comisiones, seguros, cargos u otros conceptos.
Además, exige que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera visible, clara y comprensible.
La propuesta también incorpora una protección específica para prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 Días.
Esos fondos no podrían ser utilizados mediante débitos automáticos o mecanismos de cobro recurrente para cancelar préstamos. El beneficiario conservaría, en todos los casos, la posibilidad de realizar un pago voluntario y expreso.
Una deuda que crece al ritmo de la crisis
Los proyectos llegan en un momento en que el endeudamiento de los hogares se convirtió en uno de los síntomas más visibles del deterioro económico.
Para una parte de las familias, el problema ya no es acceder al crédito sino cómo salir de él. El préstamo rápido que permite cubrir una compra, pagar una factura o llegar a fin de mes puede transformarse en una sucesión de refinanciaciones, nuevos créditos e intereses que terminan absorbiendo una parte cada vez mayor de los ingresos.
En ese escenario, la discusión que llegó al Congreso excede la regulación de las billeteras virtuales: plantea hasta qué punto el sistema financiero puede trasladar el costo de la crisis a los sectores con menor capacidad económica.
