Los rectores nucleados en el CIN pidieron que se intime al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y la medida cautelar que ordena recomponer salarios y becas. Advirtieron que, ante un nuevo incumplimiento, podrían aplicarse multas e iniciarse una causa penal.
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei volvió a los tribunales. Las autoridades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitaron a la Justicia que intime al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y con la medida cautelar que ordena avanzar con la recomposición salarial de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, quien interviene en la causa por el incumplimiento de la normativa.
Los representantes de las universidades pidieron además que, ante una eventual negativa del Gobierno a cumplir con las resoluciones judiciales, se apliquen multas y se evalúe la posibilidad de iniciar una causa penal por el delito de desobediencia, contemplado en el artículo 239 del Código Penal.
El reclamo se produce luego de que la Corte Suprema rechazara, el pasado 25 de junio, el recurso extraordinario presentado por el Gobierno. Para los rectores, esa decisión dejó sin argumentos al Ejecutivo para continuar demorando la ejecución de la medida cautelar dictada en diciembre.
La resolución de Cormick había ordenado al Estado avanzar con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y con la actualización de las becas universitarias. Posteriormente, la aplicación de esa medida había quedado suspendida a la espera de que la Corte Suprema resolviera el planteo del Gobierno.
Tras el fallo del máximo tribunal, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal —Sala III— consideró abstracto el tratamiento de la apelación presentada por las universidades contra la suspensión de la cautelar.
Desde la representación legal de las casas de altos estudios, encabezada por el abogado constitucionalista Pablo Manili, sostienen que ya están dadas las condiciones para que la resolución judicial vuelva a ejecutarse.
El reclamo por los salarios
Uno de los principales puntos de conflicto es la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes.
Según los cálculos de las universidades y de los gremios del sector, todavía sería necesario aplicar un 28,5% adicional para alcanzar la recomposición establecida.
Ese porcentaje se suma al 21% de aumento que comenzó a liquidarse desde julio como consecuencia del acuerdo paritario alcanzado a fines de mayo.
Para las organizaciones universitarias, ese incremento salarial no resuelve el reclamo vinculado con la ejecución de la medida cautelar, ya que la discusión judicial tiene como eje la recomposición prevista en la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras tanto, los sindicatos universitarios ya preparan nuevas medidas de fuerza. En la Universidad de Buenos Aires está previsto un paro para el 12 de agosto, mientras que durante la próxima semana comenzará el segundo semestre en la mayoría de las universidades nacionales.
El conflicto alcanza a un sistema que reúne a casi 2 millones de estudiantes, más de 266.000 docentes y unos 65.000 trabajadores no docentes.
Capital Humano niega el incumplimiento
Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, rechazaron el argumento de incumplimiento y cuestionaron la convocatoria al paro universitario.
En un comunicado difundido este jueves, la cartera calificó la medida de fuerza del 12 de agosto como “prematura” y destacó el acuerdo salarial alcanzado en mayo.
El Ministerio sostuvo que “no hay incumplimiento alguno”, aunque su comunicación no hizo referencia a la Ley de Financiamiento Universitario ni a la medida cautelar judicial que establece la recomposición salarial y de las becas estudiantiles.
La respuesta oficial profundizó así la disputa entre el Gobierno y las universidades, que ahora trasladaron nuevamente el conflicto al ámbito judicial.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA y uno de los dirigentes que impulsa el paro, no descartó que los gremios también recurran a la Justicia.
“Es necesario para la democracia que el Gobierno cumpla con la medida de la Corte Suprema con respecto a la cautelar. No se puede mirar para otro lado”, afirmó.
Con el inicio del segundo semestre y nuevas medidas de fuerza en el horizonte, el conflicto por el financiamiento universitario vuelve a escalar y suma ahora un nuevo capítulo judicial.
