La organización social pidió restituir el ingreso mensual para más de 900 mil beneficiarios y cuestionó que las capacitaciones ofrecidas por el Gobierno puedan reemplazar una prestación destinada a cubrir necesidades básicas.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llevó a la Corte Suprema el reclamo para que el Gobierno nacional restituya los pagos correspondientes al programa “Volver al Trabajo”, cuya baja dejó sin el ingreso mensual a cientos de miles de familias.
La organización presentó un recurso de amparo contra una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que el 13 de julio dejó sin efecto una medida cautelar dictada previamente por el Juzgado Federal de Campana.
Aquella decisión de primera instancia había ordenado al Estado mantener las asignaciones mensuales hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Sin embargo, la Cámara Federal hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno y revocó la cautelar.
Ahora, la UTEP busca que la Corte Suprema intervenga y revierta esa decisión.
En la presentación judicial, los representantes de los beneficiarios cuestionaron que la eliminación de la prestación desconozca su carácter alimentario y de subsistencia. Según plantearon, la interrupción del ingreso afecta derechos constitucionales y genera un perjuicio que difícilmente pueda ser reparado posteriormente.
La diferencia entre los programas
Uno de los principales argumentos del reclamo apunta a la falta de equivalencia entre el programa “Volver al Trabajo” y el esquema que el Gobierno ofrece como alternativa.
Según los datos incorporados al expediente, la última liquidación del programa alcanzaba a 917.740 beneficiarios. En cambio, alrededor de 136.000 personas manifestaron interés en participar de las capacitaciones vinculadas al nuevo esquema “Formando Capital Humano”.
Para la UTEP, la diferencia evidencia que las nuevas herramientas no permiten reemplazar el ingreso que recibían los beneficiarios.
La organización sostiene que el nuevo programa se basa en cursos y vouchers sujetos a inscripción y disponibilidad de vacantes, mientras que “Volver al Trabajo” representaba una transferencia económica periódica destinada a hogares que se encontraban en una situación de vulnerabilidad.
“Una capacitación puede eventualmente mejorar oportunidades laborales futuras, pero no reemplaza en el presente la pérdida de una asignación dineraria mensual destinada a cubrir necesidades básicas”, sostiene el planteo judicial.
El reclamo pone así en discusión uno de los ejes de la política social del Gobierno: el reemplazo de transferencias directas por programas de capacitación y herramientas orientadas a la inserción laboral.
Un conflicto que continúa en las calles y en los tribunales
La UTEP y otras organizaciones sociales ya realizaron distintas movilizaciones para reclamar la continuidad de las prestaciones y cuestionar la política social del Gobierno de Javier Milei.
Con el recurso presentado ante la Corte, la disputa suma ahora una instancia judicial de máxima relevancia.
