El juez federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Gobierno nacional cumplir de manera inmediata con las disposiciones establecidas en la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el marco de una demanda presentada por la UBA contra el Decreto 759/2025, mediante el cual se había promulgado la Ley 27.795.
La universidad había cuestionado que el decreto condicionara la aplicación efectiva de la normativa a que el Congreso determinara los mecanismos para financiarla. Desde la institución habían considerado que esa decisión implicaba una suspensión de la ley.
En su resolución, Cormick sostuvo que, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial, el Poder Ejecutivo debía avanzar con la implementación de la norma. Según el magistrado, el proceso legislativo no contemplaba mecanismos que permitieran suspender su aplicación.
El juez también advirtió sobre las consecuencias que genera el incumplimiento de la ley y señaló que existen “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, en particular debido al deterioro de los ingresos del sector universitario.
Otro de los argumentos planteados en el fallo estuvo relacionado con el impacto fiscal de la medida. Según la estimación citada por el magistrado, el costo de implementar la ley representa alrededor del 0,23% del PBI.
Para Cormick, ese impacto constituye un ahorro poco significativo en relación con el presupuesto total de gastos de la Administración Pública Nacional.
El impacto presupuestario
Además, sostuvo que la aplicación de la normativa no perjudica el interés público. Por el contrario, consideró que su incumplimiento podría afectar derechos establecidos en la Constitución Nacional, entre ellos el derecho a enseñar y aprender.
A partir de estos argumentos, el magistrado ordenó al Gobierno cumplir “de forma inmediata” con lo establecido en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 27.795.
El reclamo por los salarios docentes
La resolución también se vincula con una presentación realizada en el marco de un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que el Ejecutivo cumpla con un acuerdo firmado el 10 de junio.
En aquella instancia se había establecido que el Gobierno transferiría a las universidades nacionales los fondos necesarios para aplicar un aumento salarial del 24,33%.
Luego de ese acuerdo, el Gobierno sostuvo que la nueva situación dejaba sin efecto una medida cautelar solicitada anteriormente y pidió que fuera levantada.
Sin embargo, el juez rechazó ese planteo. En su resolución consideró que el Estado nacional no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran resuelto de manera efectiva los perjuicios denunciados por el sector universitario.
En particular, señaló que no se había acreditado una solución definitiva frente al deterioro de los ingresos, la pérdida de poder adquisitivo y la disminución salarial de los trabajadores universitarios.
