Los gremios universitarios confirmaron que la movilización del 15 de octubre sigue en pie, pese al reciente fallo judicial que intimó al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Denuncian el deterioro salarial y rechazan la oferta del 3% presentada por la administración libertaria.
El conflicto universitario vuelve a escalar y el Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva jornada de movilización. Los sindicatos que representan a docentes y trabajadores de las universidades nacionales ratificaron la Marcha Federal prevista para el próximo 15 de octubre y advirtieron que la convocatoria se mantiene sin modificaciones.
La decisión sindical se sostiene incluso después del reciente fallo del juez federal Martín Cormick, quien intimó al Estado nacional a cumplir con la actualización de los fondos destinados a las universidades, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.
Para las organizaciones gremiales, la resolución judicial constituye un avance en sus reclamos, pero no modifica la decisión de continuar con el plan de lucha. La movilización, remarcaron, va más allá del fallo y expresa el rechazo al rumbo de la política universitaria del Gobierno.
En ese escenario, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales mantienen la exigencia de que la administración libertaria cumpla con la normativa vigente y garantice los recursos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudio.
Salarios deteriorados y una oferta que no alcanza
Uno de los principales focos del conflicto es la situación salarial de los trabajadores universitarios. Los sindicatos rechazaron el ofrecimiento de aumento del 3% realizado por el Gobierno, al considerar que resulta insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
De acuerdo con el último informe de FEDUN-CIICTI citado por las organizaciones, los salarios del sector necesitan un incremento del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023.
Los datos profundizan el malestar entre docentes y trabajadores no docentes, en un contexto marcado por las disputas presupuestarias y las demandas de actualización de los recursos universitarios.
Un fallo judicial que aumenta la presión sobre el Gobierno
La resolución del juez Martín Cormick también elevó la presión sobre el Poder Ejecutivo. El magistrado intimó al Estado nacional a cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar vigente y advirtió sobre la posibilidad de aplicar multas por cada jornada de demora.
En su resolución, sostuvo que no se había verificado el cumplimiento total de la cautelar y dispuso que el Gobierno diera cumplimiento efectivo a lo ordenado.
Mientras tanto, los gremios avanzan con la preparación de la Marcha Federal del 15 de octubre, con el objetivo de visibilizar sus reclamos por financiamiento, salarios y cumplimiento de la ley.
