El juez Martín Cormick concedió el recurso presentado por el Ejecutivo nacional. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal deberá revisar el fallo, mientras continúa vigente la cautelar que exige actualizar partidas, salarios y becas.
La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo. El juez Martín Cormick aceptó la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo que respaldó la normativa, pero resolvió mantener la ejecución de la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con sus disposiciones.
La decisión fue adoptada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11. Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal deberá determinar si confirma o revoca la resolución de primera instancia.
Sin embargo, la presentación del recurso no suspende el cumplimiento de la cautelar. Cormick dispuso que “se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”.
La medida exige al Gobierno nacional garantizar partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades públicas, recomponer los salarios de docentes y trabajadores no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
Los argumentos del Gobierno
El Ministerio de Capital Humano cuestionó el fallo al sostener que genera consecuencias institucionales y compromete el equilibrio fiscal. Entre sus argumentos, señaló que la aplicación de la ley tendría un impacto presupuestario significativo y que no se estableció una fuente de financiamiento específica y suficiente.
Según el planteo oficial, los recursos deberían surgir de reasignaciones presupuestarias que, de acuerdo con el escrito presentado por el Ejecutivo, podrían alcanzar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional.
El Gobierno también pidió que la normativa sea interpretada en conjunto con las leyes que regulan la administración financiera y la ejecución del gasto público.
Mientras la Cámara analiza el recurso, la cautelar continúa vigente y el Ejecutivo debe avanzar con las obligaciones establecidas por la resolución judicial.
