Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos cuestionaron los aranceles para pacientes extranjeros no residentes y advirtieron que la medida vulnera derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Además, señalaron que la atención de esta población representa apenas el 0,36% del total de pacientes del hospital.
Profesionales, técnicos y trabajadores del Hospital Garrahan rechazaron la decisión del Gobierno nacional de cobrar la atención médica a extranjeros no residentes y advirtieron que la medida vulnera derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos calificaron la disposición como “profundamente xenófoba” y cuestionaron los argumentos económicos utilizados para justificar aranceles que, según denunciaron, pueden alcanzar los 500 mil pesos.
“La atención de pacientes extranjeros representa apenas el 0,36% del total de quienes se atienden en el Garrahan. Es decir, su incidencia sobre las finanzas del Hospital es prácticamente insignificante”, sostuvieron. Y agregaron que justificar el cobro con argumentos presupuestarios resulta “absolutamente insostenible”.
Los trabajadores también advirtieron que la medida contradice los principios de protección integral de las infancias. En ese sentido, recordaron que la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y de Derechos del Paciente establecen garantías de acceso a la salud sin discriminación.
“Los chicos y chicas son sujetos de derecho, independientemente de dónde hayan nacido o de cuál sea la situación administrativa de sus familias. Su atención médica no puede quedar supeditada a una condición migratoria”, afirmaron.
Además, señalaron que las modificaciones introducidas en la Ley de Migraciones durante 2025 deben interpretarse en consonancia con el interés superior del niño y el principio de no discriminación.
La Asociación alertó también sobre el posible impacto de la medida en el sistema sanitario público y advirtió que podría sentar un precedente para extender restricciones a otros sectores de la población.
“Es un paso más hacia la privatización de la salud pública, porque empieza a instalar la idea de que la atención sanitaria es un servicio que debe pagarse y no un derecho que debe garantizarse”, expresaron.
Finalmente, defendieron el carácter público, gratuito y universal del Garrahan y reclamaron que ninguna barrera económica o administrativa impida que niños, niñas y adolescentes reciban la atención médica que necesitan.
