Las declaraciones de Patricia Bullrich contra la histórica consigna de “Memoria, Verdad y Justicia” desataron un fuerte repudio en distintos sectores políticos, sociales y de derechos humanos, que advirtieron sobre un intento de relativizar los crímenes de la última dictadura.
La senadora cuestionó la declaración aprobada por el Senado en el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, calificándola como “sesgada y excluyente” y afirmando que “la historia es completa o no es”. Sus dichos fueron interpretados como una reedición de discursos que buscan poner en discusión el consenso democrático construido desde 1983.
Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y otros referentes del movimiento de derechos humanos remarcaron que la consigna de Memoria, Verdad y Justicia no es partidaria, sino el resultado de décadas de lucha para esclarecer los delitos de lesa humanidad, juzgar a sus responsables y sostener el compromiso colectivo del Nunca Más.
La resolución votada por amplia mayoría en la Cámara alta reafirma justamente ese camino: el de la memoria activa, la continuidad de los juicios y la defensa del Estado de derecho frente a uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.
En contraste, la postura de Bullrich fue leída como un intento de instalar una visión que diluye responsabilidades y equipara violencias, una línea discursiva largamente cuestionada por organismos y especialistas por su carácter negacionista o relativista.
En la antesala de una nueva movilización masiva por el 24 de marzo, distintos sectores ratificaron que la memoria no se negocia ni se fragmenta. La marcha volverá a poner en las calles una consigna que atraviesa generaciones y que sigue siendo un pilar de la democracia argentina: memoria, verdad y justicia.
