El Gobierno nacional comenzó a recalcular sus cuentas luego del fallo de la Corte Suprema que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei bajo el argumento de su impacto fiscal.
La decisión del máximo tribunal representa un duro revés para la estrategia oficial de desfinanciar a las universidades nacionales y sostener un ajuste que durante meses puso en jaque el funcionamiento de las casas de estudio, afectó salarios docentes y no docentes y provocó multitudinarias movilizaciones en defensa de la educación pública.
Hasta ahora, la administración libertaria había rechazado de plano la aplicación de la ley por considerar que implicaba un costo cercano a los 1,3 billones de pesos. Sin embargo, el fallo judicial obligó a modificar esa postura y abrió negociaciones para reasignar partidas presupuestarias sin alterar la meta de superávit fiscal.
Desde el Ministerio de Economía reconocen que deberán encontrar recursos para cumplir la sentencia, mientras persisten diferencias dentro del propio oficialismo sobre la estrategia judicial impulsada para evitar la aplicación de la norma.
El conflicto por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y la comunidad educativa. Durante meses, rectores, docentes, estudiantes y trabajadores denunciaron que el congelamiento presupuestario comprometía el funcionamiento de las universidades nacionales y ponía en riesgo la continuidad de actividades académicas, de investigación y extensión.
El fallo de la Corte fue celebrado por las autoridades universitarias. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, sostuvo que la resolución representa “un paso fundamental” para normalizar la situación y remarcó que una ley aprobada por el Congreso “tiene que cumplirse”, abriendo la expectativa de que finalmente se garantice el financiamiento previsto por la norma.
La resolución judicial marca un límite al intento del Ejecutivo de sostener el ajuste sobre el sistema universitario y reabre el debate sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno en un contexto de fuerte conflicto con la educación pública.
