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El Gobierno prorrogó la circulación de colectivos con más de 10 años y endurece controles

El Gobierno nacional dispuso extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la habilitación para que continúen en circulación colectivos interurbanos con más de diez años de antigüedad, bajo un esquema de controles técnicos más exigentes.

La medida alcanza a 559 unidades modelo 2012 que operan bajo jurisdicción nacional y que ya habían superado el límite de antigüedad establecido por la normativa vigente. A partir de ahora, estos vehículos deberán someterse a una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada tres meses como condición para seguir prestando servicio.

Según establece la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, los vehículos destinados al transporte de pasajeros no pueden superar los diez años de uso, salvo excepciones definidas por la reglamentación. En ese marco, un decreto previo había permitido extender la vida útil de estas unidades por un período adicional de tres años, que finalizó a comienzos de 2026.

Con la nueva disposición, el Poder Ejecutivo decidió otorgar una prórroga adicional tras evaluar informes técnicos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que consideró viable la continuidad de estas unidades siempre que se refuercen los controles mecánicos.

De acuerdo con ese organismo, la permanencia de estos colectivos no modifica de manera significativa la antigüedad promedio del sistema. En la misma línea, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial no encontró impedimentos técnicos para avanzar con la extensión.

El decreto también pone el foco en el estado de conservación de los vehículos por sobre su antigüedad, en línea con criterios utilizados en acuerdos regionales de transporte, donde se prioriza el cumplimiento de condiciones técnicas antes que un límite estrictamente cronológico.

La decisión responde además a un pedido de legisladores que impulsan una modificación permanente del régimen vigente, con el objetivo de ampliar la antigüedad máxima permitida para este tipo de unidades.

De esta manera, el Gobierno busca garantizar la continuidad del servicio mientras avanza el debate sobre cambios estructurales en la regulación del transporte automotor de pasajeros.

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