A pocos días de asumir su mandato, el presidente Javier Milei derogó la ley de alquileres vigente desregulando los contratos en perjuicio de los inquilinos.
Ante esa situación, en junio Inquilinos Agrupados publicó el Informe Socioeconómico de la Encuesta Nacional Inquilina en el que mostró la duda realidad que atraviesan quienes alquilan
Los datos de la encuesta:
Para el mismo mes de alquiler y para una vivienda con la misma cantidad de ambientes, se observa que en CABA los/as inquilinos/as con contratos iniciados en el año 2024 bajo el DNU 70/2023 pagan aproximadamente entre un 40% y un 50% más que aquellos que comenzaron en el marco de la Ley de Alquileres. En las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba esta diferencia es aún mayor: el valor promedio del alquiler de junio es entre un 41% y 52% mayor respecto a quienes lo hicieron antes del decreto.
En los contratos más nuevos, el plazo de 3 años se presenta sólo en el 9,7% de los casos. Como contrapartida, creció fuertemente la participación de contratos de alquiler cortos. Aquellos con un período de duración menor o igual a 1 año representan el 27,2% de los casos. Y los contratos entre 1 y 2 años son los más frecuentes, en un 57,7% de los casos relevados de junio.
El 15% de los encuestados indicó que se vio en la necesidad de mudarse en los últimos meses por no poder pagar el alquiler.
Siete de cada 10 inquilinos/as que firmaron sus contratos luego del decreto tienen aumentos mensuales o cada 3-4 meses.
El 62% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente.
La amplia mayoría (más del 80%) respondió que la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios/ingresos son los principales motivos de preocupación en la actualidad.
El 42,2% de los inquilinos encuestados considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses y el 46,2% respondió que tal vez las tenga.
