Así lo marcó Guillermo Orizaola, licenciado en políticas sociales e Investigador de la universidad Nacional de General Sarmiento al analizar los fundamentos del nuevo proyecto presentado por el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.
Orizaola presentó en el programa Todo es Política, un estudio realizado desde el observatorio el conurbano bonaerense en el que se trabajó con información clara y estadísticas que rompen con algunos mitos en cuanto a la relación a los delitos cometidos por niñeces y adolescencias y el problema de la inseguridad.
“Lo que hay que decir es que el porcentaje de hechos delictivos, cometidos por niños niñas y adolescentes en ínfimo”, marcó.
Si bien, en los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina”, el informe desmiente esa afirmación al revelar que “a nivel nacional en el año 2022 solamente el 3.17 por ciento de la población carcelaria correspondía a los adolescentes”.
Y reafirmó que “La inseguridad en nuestro país no se explica por las niñeces y adolescencias ya que es un problema que viene mejorando año a año, si se analiza las denuncias que se realizan en la provincia de Buenos Aires, los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes corresponde solamente al 2.33 por ciento y el resto son delitos cometidos por adultos”.
El especialista, destacó que las estadísticas trabajadas muestran que “año a año los delitos cometidos por los adultos aumentan y el de las niñeces disminuye mucho”.
Lo ejemplificó al detallar que “en el caso de los adultos en el año 2010 se denunciaban 3.900 delitos cada 100 mil habitantes y en el 2022 se incrementó a 5.100 delitos cometidos cada 100 mil habitantes. Pero, en el caso de los niños, niñas, adolescentes en el 2010 se registraron 174 delitos cada 100 mil habitantes y en el año 2022 ese número disminuyó a 123 delitos cada 100 mil habitantes”.
Y esta baja sostenida en la cantidad de casos explicó que tiene que ver con la presencia de distintos programas sociales que acompañan: “Tenemos políticas universales que se vienen desarrollando desde años anteriores, como los programas AUH tarjeta alimentar, progresar, además del trabajo que se realiza en territorio con los servicios locales”.
Orizaola graficó que un informe presentado por UNICEF “en el que se realizó un estudio sobre la trayectoria de los jóvenes que cometieron delitos y en todas las situaciones existía como común denominador una cadena de vulneración de derechos, previa a cometer los delitos”.
Para conocer el informe completo AQUI