Las principales centrales sindicales del país —la CGT y las dos CTA— se sumaron este miércoles a la habitual movilización de jubilados frente al Congreso, en una jornada que volvió a poner en evidencia el deterioro de los ingresos y las condiciones de vida de los adultos mayores.
Como cada semana, el reclamo giró en torno a tres ejes que se repiten sin respuesta oficial: aumento de haberes, continuidad de la moratoria previsional y restitución de los medicamentos gratuitos. Sin anuncios concretos por parte del Gobierno, la protesta crece en volumen y en respaldo político y sindical.
La movilización no contó con un escenario central, pero sí con la presencia de múltiples organizaciones sociales y políticas, lo que reforzó la idea de una conflictividad en aumento. Referentes de distintos espacios coincidieron en denunciar el impacto del ajuste sobre los jubilados y cuestionaron tanto el recorte en prestaciones como el rol del PAMI.
Desde sectores sindicales y de izquierda, el tono fue aún más duro: se habló de “gasto en represión” contra los jubilados, de reformas laborales que perjudican a los trabajadores y de un esquema económico que traslada costos a los sectores más vulnerables.
Dirigentes como Pablo Moyano y Hugo Godoy apuntaron directamente contra el Gobierno nacional, al que responsabilizaron por el deterioro social y convocaron a profundizar las medidas de fuerza. En la misma línea, Rodolfo Aguiar advirtió que el ajuste “rompió la vida” de los jubilados y anticipó un escenario de mayor conflictividad en los próximos meses.
En este contexto, la protesta de los miércoles deja de ser una postal repetida para convertirse en un termómetro político: la persistencia del reclamo y la creciente unidad sindical marcan un desgaste que el Gobierno, hasta ahora, no logra desactivar.
