El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la Ley de Propiedad Privada impulsada por el Gobierno de Javier Milei y cuestionó la decisión del oficialismo de retirar el capítulo que flexibilizaba las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Con el argumento de que se trataba de elegir “entre el miedo y la prosperidad”, el funcionario volvió a reivindicar una iniciativa que generó fuertes críticas de organizaciones sociales, sindicales y sectores políticos que advierten sobre el impacto que podría tener en la soberanía territorial y el control de los recursos estratégicos del país.
El capítulo sobre extranjerización de tierras fue uno de los puntos más resistidos del proyecto y finalmente debió ser retirado por el Gobierno ante la falta de votos en el Senado. La decisión significó un revés para la Casa Rosada y, especialmente, para Sturzenegger, considerado uno de los principales impulsores de la reforma.
A través de sus redes sociales, el ministro intentó vincular la flexibilización de la normativa con la llegada de inversiones y puso como ejemplo un acuerdo anunciado en San Juan entre el gobernador Marcelo Orrego y la empresa minera Vicuña.
“Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país”, afirmó Sturzenegger.
Sin embargo, desde los sectores que rechazan la iniciativa cuestionaron esa mirada y señalaron que detrás del discurso de inversiones se busca avanzar sobre una mayor disponibilidad del territorio nacional para grandes grupos económicos, reduciendo las herramientas del Estado para proteger tierras productivas, recursos naturales y zonas estratégicas.
La discusión también expuso diferencias dentro del oficialismo. Mientras Sturzenegger defendía mantener el capítulo original, la senadora Patricia Bullrich negociaba modificaciones para conseguir apoyo parlamentario. Finalmente, la falta de acompañamiento de legisladores vinculados a los gobernadores de Salta, Tucumán y Neuquén obligó al Gobierno a dar marcha atrás.
Para sus críticos, el proyecto forma parte de una agenda de desregulación que limita la capacidad del Estado y prioriza los intereses del mercado por sobre la protección del patrimonio nacional. Para el Gobierno, en cambio, representa una herramienta para atraer inversiones.
El debate dejó planteada una de las discusiones centrales de la iniciativa: si la apertura a capitales extranjeros implica una oportunidad económica o una pérdida de control sobre un recurso estratégico como la tierra.
