El exjefe de Gabinete presentó un escrito de 78 páginas para justificar su situación patrimonial, pero sus explicaciones sobre las operaciones con criptomonedas, los préstamos familiares y los gastos personales abrieron nuevos cuestionamientos. El fiscal Gerardo Pollicita deberá evaluar la documentación y definir los próximos pasos de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Los bitcoins, en el centro de las explicaciones
En su presentación, el exfuncionario atribuyó unos US$591.544 a operaciones con bitcoins realizadas entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública. Según su versión, compró las criptomonedas y luego las vendió en operaciones presenciales, conservando el dinero en efectivo.
Sin embargo, sus declaraciones públicas de 2020 y 2022 sobre las criptomonedas plantean interrogantes que deberán ser contrastados con la documentación incorporada al expediente. También se señalaron movimientos en billeteras que, según los análisis mencionados, podrían no coincidir con el mecanismo de compra y venta que describió ante la Justicia.
La defensa sostiene que las operaciones están respaldadas por documentación técnica y contable. Pero la presentación de esos argumentos no equivale a una validación judicial: la trazabilidad de los fondos y la titularidad de las billeteras forman parte de los elementos que deberán ser examinados.
