El Foro Permanente de Discapacidad cruzó al vocero presidencial Adrián Ravier por comparar la cantidad de pensiones por invalidez con países en guerra. Denunció que el planteo oficial desconoce el impacto de la pobreza estructural, cuestionó el silencio frente a las denuncias de corrupción en la ANDIS y advirtió que estas declaraciones buscan estigmatizar a los beneficiarios para legitimar el recorte de derechos.
El discurso del Gobierno nacional sobre las pensiones por discapacidad sumó un nuevo capítulo de polémica. Esta vez, el Foro Permanente de Discapacidad salió al cruce del vocero presidencial, Adrián Ravier, luego de que comparara el crecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez con los registros de países que atravesaron o atraviesan guerras.
La organización calificó sus declaraciones como una afirmación “cargada de silencios” y cuestionó que el Ejecutivo presente el aumento de beneficiarios como una anomalía, sin considerar las condiciones sociales y económicas que explican esa evolución.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier sostuvo que el padrón de pensiones por invalidez laboral pasó de 75.947 beneficiarios en 2001 a más de 1,2 millones en 2023. Según el funcionario, se trata de una cifra similar a la de países que tuvieron conflictos bélicos.
Frente a ese planteo, el Foro explicó que el crecimiento respondió, entre otros factores, a un cambio en la política de otorgamiento de beneficios: se abandonó el sistema de cupos que establecía una baja por cada nueva pensión y se amplió la cobertura para alcanzar a personas con discapacidad que atravesaban situaciones de pobreza y exclusión.
También recordó que muchas pensiones fueron destinadas a personas en edad laboral que, pese a tener posibilidades de trabajar, enfrentaban enormes dificultades para conseguir empleo, además de niñas y niños con discapacidad.
La pobreza que el Gobierno omite
Uno de los principales cuestionamientos de la organización apuntó a la ausencia de una mirada social en el diagnóstico oficial. Para el Foro, comparar la cantidad de pensiones con la de países en guerra implica desconocer décadas de pobreza estructural y sus consecuencias sobre la salud y las condiciones de vida de la población.
“La pobreza enferma, desnutre, discapacita, daña e impide rehabilitarse”, advirtió la entidad. Además, estimó que en Argentina existen al menos 1,5 millones de personas con discapacidad en situación de pobreza, con dificultades para acceder a la atención médica, medicamentos, educación, rehabilitación y oportunidades laborales.
La organización reconoció que pueden existir irregularidades en el otorgamiento de beneficios, pero rechazó que esos casos sean utilizados para cuestionar al conjunto de los titulares de pensiones. En esa línea, señaló que los datos mencionados por Ravier reflejan 105 beneficiarios con elementos que impedirían acceder a una pensión sobre 21.812 beneficios suspendidos.
El silencio oficial frente a las denuncias en la ANDIS
El Foro también apuntó contra el doble estándar del Gobierno al momento de hablar de corrupción. En particular, cuestionó que Ravier centre sus críticas en las supuestas irregularidades de gestiones anteriores, pero no se haya pronunciado sobre las denuncias por gastos sin justificar y presuntos sobreprecios en las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), durante la gestión de Diego Spagnuolo.
“Pareciera existir en Ud. un criterio selectivo: los indicios de corrupción que merecen ser comentados son únicamente aquellos que involucran a la oposición”, sostuvo la organización.
En el tramo final del comunicado, la entidad advirtió que este tipo de declaraciones no son inocuas: contribuyen a instalar sospechas sobre las personas con discapacidad, debilitan la legitimidad de sus derechos y generan un clima social que puede funcionar como justificación para profundizar los recortes.
“Se construye un clima social que habilita a esta administración a implementar medidas de ajuste sobre esta población”, alertó el Foro, que cuestionó una política oficial que, en lugar de garantizar protección y acompañamiento, pone bajo sospecha a quienes dependen de una pensión para acceder a derechos elementales como la alimentación, la salud y la educación
