Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, asegura que “este es el camino correcto” y promete una economía “más encaminada” para 2027, la realidad cotidiana de millones de argentinos parece ir en dirección opuesta. La pregunta que cada vez resuena con más fuerza es simple: ¿correcto para quién?
Los números muestran un deterioro profundo en las condiciones de vida. Según el informe de la Fundación Tejido Urbano, el acceso a la casa propia se desplomó en los últimos años: los propietarios pasaron del 67,3% al 61,9%, mientras que los inquilinos aumentaron del 17,7% al 20,5%. Para la mayoría de los trabajadores, comprar una vivienda ya no es un proyecto posible, sino una fantasía inalcanzable.
Sin embargo, desde el Gobierno se insiste en que el modelo económico está funcionando. Se habla de inversiones, de confianza de los mercados y de “poner a Argentina en el mundo”. Pero en los barrios, la realidad es otra: salarios pulverizados, tarifas imposibles, alquileres impagables y familias enteras que deben abandonar la medicina privada porque ya no pueden sostener una prepaga.
Caputo sostiene que “la gente no va a votar volver al pasado”, intentando reducir cualquier crítica a una discusión ideológica. Pero el malestar social no nace solamente de posiciones políticas; nace de la experiencia concreta de quienes trabajan todos los días y aun así no logran progresar. Cuando una familia no puede acceder a una casa, cuando debe elegir entre pagar servicios o comprar alimentos, el discurso del “éxito económico” pierde credibilidad.
El Gobierno asegura que llegarán más inversiones y que bajarán impuestos. Pero mientras tanto, más de 4,8 millones de hogares carecen de acceso pleno a servicios básicos como agua, cloacas o gas de red. Además, el sistema público de salud debe absorber a millones de personas que dejaron las coberturas privadas por el deterioro de sus ingresos.
La gran contradicción del modelo aparece ahí: se celebra la estabilidad financiera mientras crece la fragilidad social. Se muestran indicadores macroeconómicos positivos, pero se ignora el impacto cotidiano del ajuste sobre jubilados, trabajadores y sectores medios.
Porque si el “camino correcto” implica que cada vez menos argentinos puedan comprar una casa, acceder a servicios básicos o sostener una vida digna, entonces la discusión ya no es económica. Es social y profundamente política.
Y la pregunta sigue vigente: ¿este modelo está pensado para mejorar la vida de la mayoría o para beneficiar únicamente a los sectores que ya tienen todo resuelto?
